Asegura que muchas actividades preventivas se incluyen en las propias asignaturas y que los centros tienen libertad para elegir sus programas.
Niegan que en los centros educativos de Asturias haya escasa prevención en materia de drogas, pero reconocen, sin embargo, que los varios de los programas que se usan en las aulas para alertar sobre el riesgo de las toxicomanías carecen de evidencia científica reglada (es decir, se desconoce el grado de efectividad de los contenidos que se imparten en clase). La evaluación realizada por la Facultad de Psicología sobre los programas de prevención en el ámbito escolar, un trabajo que pone en tela de juicio algunas de las actividades preventivas y que critica la escasa extensión de las mismas, ha caído como un balde de agua fría en la Administración regional. Tanto, que las consejerías implicadas, la de Salud y la de Educación, han salido a negar la mayor: «en los centros educativos sí hacen prevención», afirmaron ayer al unísono. Además, los colegios «tienen libertad para elegir sus programas», abundaron.
Ambos departamentos aseguran que al margen de los planes extracurriculares (que fueron los evaluados por el Grupo de Investigación de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo), «los colegios imparten prevención a nivel curricular». Es decir, en las propias asignaturas y «de manera transversal», precisó un portavoz de la Consejería de Educación. El trabajo al que hacen alusión sendas consejerías es el elaborado por investigadores de la Facultad de Psicología y cuyas contenidos fueron avanzados por EL COMERCIO. La citada evaluación (un pormenorizado trabajo de 195 páginas) no deja muy bien paradas a las áreas de Salud y Educación, pero tampoco a los ayuntamientos (como responsables de los planes municipales de prevención), a colegios y a las propias familias, a las que critica su falta de participación e implicación.
El informe concluye que más de la mitad de los centros no ofrece actividad preventiva específica en materia de drogas a su alumnado. Para elaborar esta investigación se contactó con 420 centros educativos de la región de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller. 211 respondieron que carecían de planes preventivos, lo que significa que un 56,12% de las instituciones educativas de la región no desarrollan actividades en las aulas para alertar sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, alcohol, cannabis u otras sustancias adictivas.
Primer estudio en España
El análisis, el primero de estas características que se realiza en España, fue encargado por la Consejería de Salud para conocer la calidad y el impacto de los planes y programas de prevención escolar sobre drogas (tanto los regionales como los municipales). El resultado no ha sido muy favorable a la administración, aunque todo depende del cristal con que se mire. La Consejería de Salud utiliza un prisma diferente al empleado por los expertos de la Facultad de Psicología y prefiere ver el vaso medio lleno. «Tenemos que mejorar, sin duda, pero no todo es malo», respondió el jefe de la Unidad de Coordinación del Plan de Drogas de la Consejería de Salud. José Ramón Hevia dijo que hay centros que «sólo hacen prevención curricular». Los planes que oferta el Principado «son entendidos como un refuerzo».
Con todo, Hevia admitió que la evaluación «es un claro toque de atención que nos informa qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué tenemos que vigilar». Dicho responsable ha tomado buena nota de las advertencias de los expertos (no de todo, «ya que hay cosas de imposible cumplimiento», aclaró). Aseguró que algunos planes «habrá que retocarlos y otros reorientarlos». Sobre la falta de evidencia científica que aducen los investigadores de la Facultad de Psicología, Hevia precisó que en materia de prevención «es muy complejo medir resultados».
Recordó, en este sentido, que el Principado utiliza materiales didácticos de la Fundación Edex, que es la que trabaja con el Plan Nacional de Drogas. No obstante, indicó que otro de los retos a futuro «es incorporar actividades científicamente comprobadas» y también lograr que más centros educativos se incorporen a los planes de prevención de drogas, cuya adscripción es voluntaria.
