Una «obsesión»
Como era de esperar, como ocurre con cada polémica de este tipo, los sectores más progresistas se alinearon con las ideas presentadas por el Ejecutivo y los más conservadores las rechazaron. Aído dijo que se ha intentado lograr «el mayor consenso posible. Ha habido un gran debate, hemos escuchado al Parlamento, a los expertos, a las organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, profesionales» y el resultado es el conocido ayer. «Damos rango de ley a la educación sexual, a la prevención de los embarazos no deseados».
La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, protestó porque el Gobierno «traslade a la sociedad y en especial a las más jóvenes que el aborto es un método anticonceptivo más». Los populares no están de acuerdo con permitir a las chicas de 16 y 17 años abortar libremente. «Nunca comprenderé la obsesión del Gobierno de que las adolescentes aborten sin el consentimiento y, lo que es peor, sin el conocimiento de los padres». Le contestó la portavoz de Igualdad del grupo socialista, Carmen Montón, al afirmar que la ley dará respuesta «a una demanda social».
A IU le parece todo poco y anunció su intención de solicitar en el Congreso una ampliación de los supuestos contemplados.
«Decidir libremente»
La Federación de Mujeres Progresistas se mostró satisfecha. «Por primera vez una ley reconoce de forma explícita el derecho de la mujer a la maternidad libremente decidida», dijo la presidenta de la organización, Yolanda Besteiro. Lo mismo que el Instituto Asturiano de la Mujer, por boca de su presidenta, María Campomanes. Otras asociaciones, como la de mujeres juristas Themis y la Fundación Mujeres, se mostraron «preocupadas» por cómo se gestionará la información que se entregue en sobre cerrado, si desde el Gobierno central o las autonomías. Dicen que lo ideal sería que «esté centralizado para evitar desigualdades» entre territorios.
Algunos grupos fueron más allá de lo que propugna la ley. El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se quejó de la indefinición del documento, que da «un paso adelante en seguridad y otro atrás en accesibilidad». Cree que perjudicará a las «9.000 mujeres que quedarán fuera del aborto hasta las 14 semanas y los casos con complicaciones entre la 14 y la 22».
La opinión pública está dividida. Los grupos pro vida califican la reforma de irresponsable y desequilibrada. Argumentan que se ha justificado «a base de mentiras y tergiversaciones» y es la muestra de una inmensa responsabilidad política», como afirmó el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco. El de la plataforma Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, lo consideró «machista» por dejar a las mujeres «más sólas durante el embarazo». Su asociación impulsa precisamente la campaña la 'Vuelta por la Vida', un autobús informativo que mañana mismo recalará en Oviedo (12 horas en la Plaza del Carbayón).