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Los pasos dados hasta ahora, así lo han demostrado. Aunque al mirar hacia adelante nos parezca que la meta está aún lejos, la senda trazada es ya muy amplia. Con la aprobación de la Constitución, hace ahora 30 años, los españoles y españolas iniciamos la construcción de un modelo de convivencia basado en la tolerancia, el respeto, la creación de derechos de ciudadanía y la búsqueda de una justicia social cada vez más amplia.
Desde entonces el esfuerzo constante y cotidiano de cada una de nosotras, la lucha del movimiento organizado de mujeres, ha servido para que la igualdad se instale en la agenda política para abrir nuevos espacios. Espacios de libertad, de igualdad, de respeto. Un espacio para exigir primero y disfrutar después de nuevos derechos que nos hiciesen a todos y a todas más iguales.
Porque el único modo de lograr la igualdad real es reconstruir nuestro sistema de valores para alcanzar nuevos modos de convivencia, impulsando la presencia de mujeres en el espacio público y llevando la igualdad a la vida cotidiana. Está claro que un trabajo como este, que afecta a las bases mismas en las que se asientan nuestras formas de vida no puede ser realizado únicamente por el 50% de la población. Este proceso de dignificación de valores debe ser una tarea compartida.
El camino ha sido lento y no exento de contratiempos pero, por fortuna, ya no tiene retorno. Hitos como la aprobación de la Ley de Igualdad o de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres lo hacen bastante improbable, ya que garantizan el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la sociedad con los derechos de las mujeres. Gracias a leyes como estas es posible que en Asturias contemos con la Casa Malva , un Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia, o que pronto abra sus puertas la Escuela de Emprendedoras y Empresarias, proyectos que nacen de la voluntad política de las administraciones públicas y del compromiso de la sociedad civil.
Pese a los notables avances conseguidos, persisten asignaturas pendientes que, en esta fecha tan significativa, me gustaría resaltar. La población activa femenina ha experimentado un salto cuantitativo en los últimos 25 años, pero el paro sigue afectando en mayor medida a las mujeres y la precariedad laboral continúa teniendo rostro de mujer. Con la actual coyuntura de crisis mundial, la amenaza de destrucción y precarización del empleo se hace más fuerte. Por eso las políticas de igualdad tienen que servirnos de instrumento para favorecer el acceso a las mujeres a empleos de calidad e impedir que, en nombre de la crisis, se produzca un retroceso.
En el Día Internacional de las Mujeres es también oportuna una referencia a la reforma de la Ley del Aborto, ya en marcha y que pretende afrontar las lagunas que presenta la normativa, en vigor desde 1985. La nueva Ley debe acabar con la inseguridad jurídica de quienes deciden abortar, garantizar que sea una prestación sanitaria gratuita, y que el aborto sea contemplado como un derecho sexual y reproductivo básico para que todas las mujeres puedan decidir libremente sobre su maternidad.
Tampoco puedo dejar de lado otra importante normativa que está ya encima de la mesa, el Plan Integral aportado por el Ministerio de Igualdad y que pretende poner freno a una actividad que debería avergonzar a cualquier civilización que se quiera llamar avanzada: la trata de mujeres con fines de explotación sexual. España es un país democráticamente joven aún, pero ya ha demostrado su madurez y compromiso en muchas ocasiones. Por eso confío en que hombres y mujeres seamos capaces de cerrar esta asignatura pendiente con la igualdad que hoy, 8 de marzo, recordamos. Porque más iguales, ganamos todos y todas.
por MARIA JOSE RAMOS, Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad