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Asturias registró durante 2007 un total de 1.627 interrupciones voluntarias del embarazo. La amplísima mayoría las intervenciones se llevaron a cabo antes de la semana 14 de gestión. Cerca de 150 se realizaron, sin embargo, más allá de la 14 semana de embarazo. Las clínicas que practican estas operaciones en todo el Estado, también en Asturias, han manifestado ya que la nueva ley del aborto, en lo que se conoce hasta ahora, dejaría al descubierto a las aproximadamente 150 asturianas que interrumpen el embarazo después de la semana 14.
La razón estriba en que la nueva ley, en lo que ha trascendido hasta la fecha, destaca que la afectación de la salud será un elemento clave para permitir las interrupciones a partir de la semana 14 y hasta la 22. Este precepto, según la asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, no garantiza en modo alguno que dichas intervenciones puedan llevarse a la práctica. La asociación afirma que, si no se concreta el concepto salud, ningún profesional se arriesgará a realizar una interrupción del embarazo con una ley más ambigua que la actual.
La norma que se está preparando, de acuerdo con las conclusiones del comité de expertos, recoge que se podrán llevar a cabo interrupciones sin plazo sólo para las malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Deja fuera aquellas afectaciones que imposibilitan, según las clínicas, una "vida digna". Esta situación, según la asociación, conducirá a cientos de mujeres a una suerte de éxodo abortivo o a una clandestinidad que podrá dañar gravemente su salud o poner en riesgo su vida.
En Asturias, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, más de 1.500 mujeres abortan antes de la 14 semana de gestación. Son las que no tendrían ningún problema con la nueva ley. Existe un número pequeño, pero no despreciable, de cerca de 150 mujeres que interrumpen el embarazo más allá de esta semana. Es este colectivo, según las clínicas acreditadas, el que, con la nueva ley en la mano, tendrá más dificultades para someterse a interrupciones voluntarias del embarazo. De ahí que las clínicas consideren que la normativa es ambigua y pidan al Gobierno central que la modifique para no dejar al descubierto a un colectivo importante de mujeres.