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La aprobación del nuevo presupuesto regional ha permitido al Principado abrir el grifo de las medidas anticrisis. Esta semana se activó el convenio para las «hipotecas protegidas» (avales públicos para que hasta 6.000 familias puedan adquirir viviendas protegidas) y los avales para el circulante de las pymes y, ayer, le tocó a la rama de IU en el Gobierno regional sacar peso y anunciar que este mes saldrá a concurso la compra de entre 300 y 400 viviendas terminadas a los constructores asturianos al objeto de sacarlas al mercado en régimen de alquiles protegidos. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, resaltó que «la propiedad no es la única vía de acceso a la vivienda, impulsar el alquiler supone un menor esfuerzo económico para las familias y un mejor aprovechamiento del parque de viviendas existentes».
Pese a que en la presentación de las cantidades que el Principado va a destinar en el 2009 a paliar los efectos de la crisis, el consejero de Economía Jaime Rabanal (PSOE) afirmó que «ni se puede ni se debe» calcular el número de viviendas terminadas que el Principado va a adquirir a los constructores con los 30 millones de euros que va a inyectar en Vipasa, la consejera Martín (IU) aseguró ayer que tal partida dará para la adquisición de entre 300 y 400 pisos terminados, que se encuentran en el mercado de vivienda libre y sin vender. Son parte del stock de viviendas que no consiguen colocar los constructores asturianos, un stock que la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) cifra en 9.500 pisos y Sadei, en un cálculo estadístico publicado en el último boletín de coyuntura regional eleva a 11.500 viviendas. La adjudicación de la compra se hará en un plazo estimado de 15 días, según afirmó Noemí Martín, que compareció acompañada de Manuel González Orviz, director general de Vivienda y de la directora gerente de Vipasa, Marta Pulgar.
La consejera de Vivienda también detalló los objetivos fundamentales de su departamento, entre los que se encuentra la tramitación en la presente legislatura de una ley asturiana del derecho a la vivienda, que contemple, entre otros aspectos, «definir el concepto de vivienda digna y adecuada, considerar la provisión de viviendas sociales como servicio de interés general, obligar a los poderes públicos a dotarse de un parque de vivienda suficiente para cada ámbito territorial y establecer, como ya se recogen en la normativa estatal, el registro de solicitantes como instrumento que sirva de garantía para la concurrencia en la adjudicación de viviendas protegidas dando transparencia y objetividad a este proceso», indicó la Consejería en una nota.
Noemí Martín añadió que en esta situación de crisis «desde la izquierda, cuantas más dificultades tiene la gente más recursos se deben destinar a la protección social y el derecho de acceso a la vivienda es fundamental».
Avales
Noemí Martín recordó ayer que hay en marcha una línea de avales del Principado de 36 millones de euros para respaldar este año la construcción de entre 4.000 y 6.000 pisos protegidos y que hay suelo disponible en áreas de urbanización prioritaria para levantar 16.886 viviendas en la región.
Objetivo marcado
Martín se mostró también convencida de que se va cumplir el objetivo marcado de construir 1.070 viviendas de iniciativa pública, 300 de ellas a través de la Dirección General de Vivienda, 300 más mediante Vipasa y el resto a través de la adquisición de viviendas en «stock» para su alquiler.